15 de Mayo de 2026
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Viviana Hojman señala que “medidas como la revisión de mochilas o la vigilancia constante pueden afectar el clima escolar y el sentido de pertenencia, especialmente cuando son implementadas por docentes”. Mientras que Ernesto Treviño advierte que la inhabilidad para la gratuidad podría generar tensión constitucional, por “el riesgo de doble sanción” y que "se limita la posibilidad de reinserción social a través de la educación”.
Por Josefina Lira
Revisión de mochilas ante indicios de riesgo, ajustes en los reglamentos de convivencia y la inhabilidad para acceder a la gratuidad en educación superior en determinados casos, son algunas de las medidas que propone el proyecto de ley “Escuelas Protegidas”, que se discute actualmente en en el Congreso.
Tras ser despachada por la Comisión de Educación del Senado, la iniciativa será votada -en general y particular- el lunes 18 de mayo en la Sala, en una sesión que está convocada para las 14:00 horas. Posteriormente, pasará a su tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputados.
El proyecto consta de seis artículos y propone acciones como: revisión de mochilas, posibilidad de implementar medidas pedagógicas y disciplinarias por parte de los docentes, sanciones por la interrupción de las clases, inhabilidad para acceder a la gratuidad si se cometieron delitos contra la vida o integridad de las personas o contra la propiedad e infraestructura pública, prohibición del uso de accesorios que impidan la identificación facial o que promuevan la violencia, las drogas o conductas delictuales.
“La evidencia nacional e internacional muestra que las respuestas centradas principalmente en el control y la disciplina punitiva pueden generar efectos contraproducentes en las trayectorias educativas y en la convivencia escolar” – Viviana Hojman, coordinadora territorial CELITED.
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Disciplina punitiva puede impactar en la convivencia escolar
Uno de los expertos que participó en la discusión legislativa en la Comisión de Educación del Senado es el académico de la Facultad de Educación Ernesto Treviño, director Centro de Liderazgo para la Transformación de los Territorios Educativos (CELITED), quien presentó observaciones al proyecto de ley.
El académico advirtió que este enfoque, si bien es necesario, resulta insuficiente para abordar los desafíos actuales del sistema educativo. “Es necesario avanzar hacia la promoción antes que la prevención. Si no desarrollamos habilidades para la resolución pacífica de conflictos, las medidas de control llegan tarde”, afirmó. “La evidencia muestra que la violencia grave es minoritaria, por lo que las respuestas deben ser proporcionales, no punitivas ni tampoco reactivas”.
A su juicio, el proyecto debe complementarse con estrategias pedagógicas orientadas al desarrollo socioemocional e incorporar la convivencia como parte estructural del proceso formativo.
En la misma línea, Viviana Hojman, coordinadora territorial del CELITED plantea que “es positivo que el proyecto reconozca la gravedad de la crisis de convivencia y violencia escolar, así como la necesidad de fortalecer condiciones de seguridad y protección dentro de las comunidades educativas. También resulta relevante que visibilice el impacto que estas situaciones tienen sobre docentes y equipos escolares”.
No obstante, sostuvo que “la evidencia nacional e internacional muestra que las respuestas centradas principalmente en el control y la disciplina punitiva pueden generar efectos contraproducentes en las trayectorias educativas y en la convivencia escolar”.
“Sesgo” hacia alumnos más vulnerables
Una de las medidas que levanta más debate es la incorporación de mecanismos de control preventivo, como la revisión de mochilas ante indicios de riesgo. También se introducen ajustes en la gestión institucional de la convivencia y se establecen nuevas atribuciones para docentes, responsabilidades para sostenedores y sanciones ante denuncias maliciosas.
Al respecto, Viviana Hojman explica que las escuelas no son solo espacios de gestión, sino también de confianza, vínculo y formación. “Desde esa comprensión, medidas como la revisión de mochilas o la vigilancia constante pueden afectar negativamente el clima escolar y el sentido de pertenencia, especialmente cuando son implementadas directamente por docentes o equipos directivos. Además, estas prácticas no son neutras, ya que suelen aplicarse con mayores sesgos sobre estudiantes socialmente más vulnerables”, advierte.
“Existe el riesgo de doble sanción, lo que podría ser inconstitucional, y además se limitan las posibilidades de reinserción social a través de la educación” – Ernesto Treviño, director CELITED.
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Otro de los puntos más comentados de la iniciativa es la inhabilidad para acceder a la gratuidad en educación superior en caso de condenas por delitos graves. Treviño advirtió que esta medida podría generar tensiones desde el punto de vista constitucional. “Existe el riesgo de doble sanción, lo que podría ser inconstitucional, y además se limitan las posibilidades de reinserción social a través de la educación”, afirmó.
“El desafío no es solo responder a la urgencia de la seguridad, sino construir comunidades educativas capaces de sostener en el tiempo una convivencia basada en el respeto, la autonomía progresiva y la resolución pacífica de conflictos. Sin un componente formativo robusto, cualquier política corre el riesgo de quedarse en la reacción y no avanzar hacia soluciones duraderas”, concluyó Treviño.
