UC lanza “Mapa de Justicia Educacional”, que permite identificar nuevas brechas del sistema escolar chileno

La discusión sobre los desafíos del sistema escolar generalmente se centra en los resultados académicos, en pruebas como el Simce o la PAES. Sin embargo, según advierten expertos de la Universidad Católica, esto deja fuera del análisis otros aspectos clave para apuntar a un sistema escolar más “justo”, como el acceso a la educación y los procesos y recursos educativos.

Visibilizar estas dimensiones y, con ello, la distribución de las oportunidades y desigualdades en el sistema escolar chileno, es justamente el objetivo del primer “Mapa de Justicia Educacional” (MJE) lanzado por el Centro de Justicia Educacional (CJE) UC.

Se trata de una plataforma web interactiva que ofrece una representación dinámica de datos censales disponibles en el país, con un enfoque de justicia educacional, y que entrega información de la totalidad del sistema de educación escolar regular. Esto incluye 8.339 establecimientos, 3,3 millones de estudiantes y más de 200 mil docentes.

El Mapa de Justicia Educacional considera 53 indicadores, construidos a partir de la combinación de 32 fuentes de datos públicas, organizados en cuatro dimensiones clave de la justicia educacional: acceso, recursos, procesos y resultados.

Hallazgos destacados

Acceso educativo justo:
Según datos obtenidos a través de la nueva plataforma, si bien el acceso a la educación es amplio, está profundamente estratificado en sus condiciones sustantivas.

• Nivel de asistencia: Aunque la matrícula escolar es amplia, solo cerca de la mitad de los estudiantes de educación básica y media alcanza un nivel de asistencia esperado. En educación media, además, se observa una brecha importante según el grupo socioeconómico del establecimiento: solo un 52% de los estudiantes que asisten a establecimientos de GSE bajo alcanza una asistencia esperada, lo que llega a 65% en establecimientos de GSE alto.
• Oferta con PIE: Existe una distribución desigual de la oferta de establecimientos con Programas de Integración Escolar (PIE) que limitan el acceso a una educación inclusiva. Mientras un 86% de los establecimientos públicos cuenta con Programa de Integración Escolar, esta proporción baja a 61,4% en los establecimientos particulares subvencionados.

Recursos educativos justos:
Los datos evidencian una distribución desigual de algunas condiciones estructurales relevantes para enseñar y aprender.

• Tamaño de cursos: Mientras los establecimientos públicos tienen, en promedio, 26 estudiantes por curso y los particulares subvencionados 31, los particulares pagados cuentan con 23 estudiantes por curso. Además, estas cifras varían territorialmente, con comunas donde el promedio alcanza 35 o más estudiantes por curso. Estas diferencias son relevantes porque el tamaño de los cursos incide en las condiciones cotidianas en que se desarrollan los procesos de enseñanza, el acompañamiento pedagógico y la atención a la diversidad de estudiantes.

Procesos educativos justos:
Los datos muestran que, en general, los estudiantes tienen percepciones favorables sobre las prácticas de enseñanza de sus docentes. Sin embargo, estas percepciones conviven con experiencias escolares desiguales en dimensiones relacionales y subjetivas de la experiencia escolar.

• Cohesión y buen trato: En educación media, cerca del 40% de los estudiantes de establecimientos públicos y particulares subvencionados reporta un nivel alto de cohesión y buen trato entre pares, proporción que alcanza un 63% en los establecimientos particulares pagados.
• Sentido de pertenencia: Se observa una caída importante del sentido de pertenencia al avanzar en la trayectoria escolar. En educación básica, un 78% de los estudiantes declara un alto sentido de pertenencia hacia su establecimiento, proporción que baja a 57% en educación media, con diferencias marcadas según el grupo socioeconómico del establecimiento.

Resultados educativos justos:
Los datos muestran que los resultados educativos siguen reproduciendo desigualdades de origen y proyectando brechas hacia las trayectorias posteriores, especialmente en el acceso a la educación superior y en el tipo de instituciones a las que ingresan los estudiantes.

• Ingreso a la educación superior y su calidad por GSE: A nivel nacional, un 56,38% de los estudiantes egresados de 4° medio se matricula en la educación superior al año siguiente de su egreso. Sin embargo, este dato general oculta diferencias importantes en la calidad institucional de la oferta a la que acceden. Entre quienes ingresan a la educación superior, el acceso a instituciones con acreditación de excelencia —6 o 7 años— se distribuye de manera desigual según el grupo socioeconómico del establecimiento de origen. Mientras un 53,65% de los estudiantes egresados de establecimientos de GSE bajo se matricula en instituciones con acreditación de excelencia, esta proporción alcanza un 85,97% entre estudiantes egresados de establecimientos de GSE alto.
• Ingreso a la educación superior y su calidad por sexo: A nivel nacional, mientras un 65% de los estudiantes hombres egresados de la educación regular que ingresan a educación superior se matricula en instituciones con acreditación de excelencia, solo cerca de la mitad de las mujeres accede a este tipo de instituciones.

Evidencia para políticas públicas

El Mapa de Justicia Educacional busca proveer evidencia que oriente políticas y prácticas hacia la justicia en educación, posibilitando monitorear su evolución a lo largo del tiempo.

Macarena Hernández, investigadora del CJE a cargo del proyecto, explica que el mapa integra datos de 2024 y, en materia de acceso a la educación superior, los más recientes disponibles, correspondientes al proceso de admisión 2025.

“Aunque se han registrado avances en los últimos años, el mapa muestra que persisten brechas relevantes según nivel socioeconómico, territorio y características del estudiantado”, destacó Hernández.

“Los hallazgos muestran que los desafíos no se concentran solo en los resultados, sino que también en aspectos relacionales y subjetivos de la experiencia escolar” – Macarena Hernández, investigadora del CJE.

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Asimismo, la académica enfatiza que “los hallazgos muestran que los desafíos no se concentran solo en los resultados, sino que también en aspectos relacionales y subjetivos de la experiencia escolar”.

La directora del CJE y académica titular de la Facultad de Educación UC, Claudia Matus, explica que la plataforma no solo alojará el Mapa de Justicia Educacional, sino que también pondrá a disposición el trabajo académico acumulado durante los 10 años del Centro.

Sobre el escenario nacional, la académica advierte que “hoy asistimos a un escenario en el que el rol público de la investigación se ve tensionado, y en el que las infraestructuras de investigación de largo aliento, como la que ha sostenido al CJE, enfrentan crecientes incertidumbres”.

Por su parte, la directora de Investigación de la UC, María Elena Boisier, destaca que “en un escenario académico muchas veces fragmentado, el Centro ha logrado articular distintas escalas de análisis, desde estudios cuantitativos de gran alcance hasta aproximaciones cualitativas y territoriales, lo que ha generado una comprensión más compleja y situada de las desigualdades educativas”.