Estudio propone plan integral frente a desafío de perros en estado libre y sus efectos en la salud pública y la fauna nativa

Según datos oficiales del Ministerio de Salud, solo en 2024, los servicios de urgencia del país realizaron más de 90 mil atenciones por mordeduras de animales. El 93% de estos ataques fueron cometidos por perros.

Un informe elaborado por investigadores de la Universidad Católica, Universidad Adolfo Ibáñez y Universidad Santo Tomás -que fue difundido por el Centro de Políticas Públicas UC– da cuenta de que estas cifras han sido en gran medida motivadas por una expansión sostenida de perros y gatos de “vida libre” en el país, sobre todo en zonas rurales y comunas de menores ingresos.

De acuerdo al reporte -titulado “Hacia una estrategia nacional de bienestar animal integral y protección de la salud pública y cuidado del medio ambiente”– esta realidad ha sido en parte propiciada por la legislación conocida como “Ley Cholito” (Ley 21.020 ), que se apronta a cumplir diez años desde su promulgación.

Esta ley define la figura de “perro comunitario” como aquél que no tiene un dueño en particular, pero que es alimentado por la comunidad, la cual le entrega cuidados básicos. “Esta idea del perro comunitario permite que personas irresponsables abandonen más perros, pensando que alguien se va a hacer cargo”, explicó Cristián Bonacic, médico veterinario y académico de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales UC, en el lanzamiento del estudio, que propone mejoras a esta ley basadas en evidencia.

Ataques a personas, depredadores de fauna nativa y transmisores de enfermedades

Según el documento, en Chile la presencia de perros y gatos de vida libre y abandonados es un problema que afecta la salud pública, el ámbito productivo y la conservación de fauna silvestre.

En términos sanitarios, no solo se registran año a año los ya mencionados ataques a personas por parte de perros o jaurías. También, los canes y gatos sin control representan un riesgo relevante debido a su rol como reservorios y vectores de enfermedades zoonóticas, es decir, transmitidas de animales a humanos.

En el ámbito productivo, según el informe, los ataques de perros a ganado doméstico “generan pérdidas económicas relevantes, particularmente en sistemas de pequeña y mediana escala”. En efecto, estudios realizados en Chile han demostrado que “los perros de vida libre constituyen la principal causa de pérdidas de animales en predios rurales, con impactos significativos sobre la sustentabilidad de estos sistemas productivos”.

Pero este problema no afecta solo al ganado rural. Además, los perros en estado libre pueden actuar como depredadores, competidores y transmisores de enfermedades que afectan a la fauna nativa, incluyendo especies en categorías de conservación por estar amenazadas o en peligro de extinción, como pudúes, huemules y el zorro de Darwin. “Estos animales silvestres parecen ser especies de cuarta categoría y los más olvidados”, cuestiona Bonacic.

Estudio recomienda una estrategia integral

Desde la perspectiva del bienestar animal, según el estudio, una proporción importante de los perros de vida libre, abandonados y jaurías ferales (que incluye a perros asilvestrados), vive en condiciones precarias, afectados por problemas como desnutrición, enfermedades y una alta mortalidad. “Esta situación refleja una contradicción entre los principios de protección animal y la realidad de abandono y falta de control, lo que evidencia la necesidad de abordar el problema desde una perspectiva integral”, afirma Bonacic.

En este contexto, la propuesta, que forma parte de la iniciativa Serie Temas de la Agenda Pública del Centro de Políticas Públicas UC, recomienda una estrategia nacional integral basada en evidencia, que articula regulación, control poblacional y coordinación institucional para abordar este problema de forma sostenible.

“Los animales silvestres (como pudúes, huemules y el zorro de Darwin) parecen ser especies de cuarta categoría y los más olvidados”.- Cristián Bonacic, autor del estudio

Entre las medidas sugeridas, destaca fortalecer el rol de los municipios en términos de tener disponibles centros de rescate animal con infraestructura mínima, personal veterinario y capacidad de albergue temporal para animales sin dueño.

También plantea que Carabineros, la PDI y funcionarios municipales tengan la facultad de “capturar y aplicar eutanasia” en casos calificados, esto es: cuando los animales están gravemente enfermos y no hay posibilidad de darlos adopción, y frente a “ataques a personas, con riesgo de vida, o amenaza inminente a la seguridad pública”.

En el caso de las personas que se encuentren con este tipo de animales, la recomendación es gestionar que sean llevados a un centro de rescate y adopción. Si no es posible su reentrenamiento de modo que no sean un peligro para las personas y otros animales, podrán ser eutanasiados bajo supervisión de un médico veterinario. Esto se enmarca dentro de los criterios internacionales que se utilizan en los países desarrollados.

El estudio completo, desarrollado por Cristián Bonacic, Katia Abarca, Cristián Álvarez (Universidad Católica); César González (Universidad Adolfo Ibañez), y Marcela Gómez (Universidad Santo Tomás), se encuentra disponible aquí.