El desafío pendiente de la pobreza infantil en Chile

En la casa de una familia con dos hijos, $230 mil pueden ser la diferencia entre seguir bajo la línea de la pobreza o salir de ella. Es el dinero que, en promedio, necesitan mensualmente miles de hogares con niños en Chile para cubrir gastos básicos que hoy siguen quedando fuera del presupuesto: alimentación, transporte, internet, útiles escolares o una cuenta atrasada.

Pero, incluso cuando existen subsidios y ayudas estatales disponibles, muchas familias no lo gran acceder a ellos. En el último tiempo, académicos de distintas universidades chilenas, como la Universidad de Chile, la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Concepción, la Universidad Bernardo O’Higgins y la Universidad Católica, junto con organismos como Unicef, Fundación Colunga y reparticiones públicas, han presentado investigaciones que coinciden en un diagnóstico similar: el país dispone de instrumentos para enfrentar el problema, pero la falta de cobertura y coordinación sigue dejando a cientos de miles de niños sin una protección suficiente.

Hoy, uno de cada cuatro niños en Chile vive bajo la línea de la pobreza, lo que equivale a cerca de 1,1 millones de menores de edad. Y aunque este segmento etario representa cerca del 22% de la población del país, concentra el 32% de las personas pobres. Según el estudio Pobreza Infantil en Chile, elaborado por Unicef, Fundación Colunga y el Observatorio de la Niñez, con la colaboración de la Universidad Católica, esta diferencia muestra que la pobreza en Chile tiene un fuerte componente infantil y que las políticas sociales siguen sin responder con suficiente eficacia a esa realidad.

Para Juan Pablo Valenzuela, director del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile, esta situación no es casual. “Las familias con niños, además de tener que distribuir sus ingresos entre más personas, suelen encontrarse en etapas más tempranas de su vida laboral, cuando los ingresos todavía son menores y las responsabilidades de cuidado limitan la capacidad de generar recursos”, dice. “A eso se suma que los niños dependen completamente de los adultos para satisfacer sus necesidades, por lo que la pobreza infantil requiere una respuesta de toda la sociedad y no solo de las familias”.

La situación es aún más crítica en ciertos grupos. La pobreza infantil alcanza al 39% entre niños migrantes, llega al 31% en menores pertenecientes a pueblos originarios y se eleva al 37% en regiones como La Araucanía. A ello se suma otro dato inquietante: casi el 40% de los niños en Chile vive al menos una forma de pobreza, ya sea por ingresos, carencias multidimensionales o ambas.

El informe advierte que el problema no responde únicamente a la falta de programas sociales. Chile cuenta con una amplia red de subsidios, bonos y transferencias monetarias orientadas a apoyar a familias vulnerables. Sin embargo, muchas veces esas ayudas no llegan a quienes más las necesitan debido a requisitos distintos, trámites complejos y sistemas fragmentados.

“No es una falta de institucionalidad o de presupuesto”, explica Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC, que colaboró en el estudio. “El problema es que existen múltiples programas, requisitos y canales distintos que terminan poniendo barreras a las familias. Y cuando eso ocurre, quienes quedan fuera son precisa mente niños y niñas que sí requieren apoyo”.

El estudio muestra además que las transferencias monetarias actuales son insuficientes para modificar sustantivamente las condiciones de los hogares más pobres. En promedio, las familias con niños en situación de pobreza reciben cerca de $94 mil mensuales en ayudas estatales, por debajo de lo que reciben en promedio los hogares en la misma condición y muy inferior a la brecha económica que enfrentan para superarla. Cerca del 26,2% de los hogares con niñas y niños en situación de pobreza, lo que equivale a unos 300.000 menores, no recibe ningún tipo de subsidio o transferencia monetaria.

La ventana demográfica

La diferencia también refleja un desequilibrio dentro del sistema de protección social chileno. Mientras las transferencias estatales representan más del 30% de los ingresos en hogares con adultos mayores, en familias con niños su peso relativo se mantiene por debajo del 10%. Para los investigadores, esto muestra que Chile ha logrado construir una red de protección más robusta para la vejez que para la infancia.

Desde el CIAE, donde también participan la Universidad de Concepción, la Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad Bernardo O’Higgins, se sostiene que hoy existe una oportunidad que Chile no debería desaprovechar. “Hoy nacen cerca de la mitad de los niños que nacían hace quince años. Tenemos prácticamente los mismos recursos públicos, pero menos niños”, dice su director Valenzuela. “Eso abre una ventana demográfica extraordinaria para asegurar mejores condiciones de desarrollo desde el embarazo y los primeros años de vida”.

Las investigaciones coinciden en que el desafío ya no pasa solo por crear nuevos programas, sino por fortalecer y articular un sistema que asegure que niños y adolescentes accedan efectivamente a apoyos básicos, pues la pobreza infantil no es solamente falta de ingresos. También implica menos acceso a oportunidades, servicios y condiciones básicas para el desarrollo. Entre las principales carencias, aparecen dificultades de conectividad digital, acceso desigual a salud y educación, además de problemas de empleo y seguridad social dentro de los hogares.

Las consecuencias pueden extenderse durante décadas. Diversos estudios internacionales muestran que crecer en pobreza afecta el desempeño escolar, la salud física y mental, las posibilidades de inserción laboral y los ingresos futuros. Investigaciones realizadas en EE.UU. y España estiman que la pobreza infantil genera costos económicos sobre el 5% del PIB debido a pérdida de productividad, aumento del gasto en salud y mayores niveles de criminalidad.

Frente a esto, el estudio propone avanzar hacia un ingreso básico garantizado para niños y adolescentes en situación de pobreza, mediante una transferencia monetaria regular, suficiente y menos fragmentada. También plantea simplificar y unificar bonos y subsidios para reducir errores de exclusión y facilitar el acceso de las familias.

Junto con ello, los investigadores proponen crear un Piso de Protección Social para la Niñez que garantice acceso universal a servicios esenciales como salud, educación, alimentación, conectividad y sistemas de cuidado, fortaleciendo además las redes de apoyo comunitarias y las Oficinas Locales de Niñez. El informe estima que cerrar la brecha de pobreza infantil costaría alrededor del 0,53% del PIB, una inversión que considera fiscalmente abordable.

Para Valenzuela, esa inversión tiene además el mayor retorno que puede hacer una sociedad. “Está ampliamente demostrado que mientras más temprano se interviene, mayores son los beneficios para las personas y para el país”, dice. “Invertir en la primera infancia mejora la educación, la salud, reduce la delincuencia y disminuye la necesidad de intervenciones futuras. No es solo una política social: es una de las mejores inversiones para el desarrollo de Chile”.