19 de Agosto de 2026
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Se realizó una jornada en que se abordó el rol estratégico de estas colaboradoras en la promoción de la integridad institucional, la prevención de riesgos y el resguardo de información confidencial, además de entregar herramientas sobre conflictos de interés, lobby, regalos, viajes y responsabilidad penal de las instituciones.
Por Equipo Visión Universitaria
Una comunidad universitaria comprometida con una cultura de ética e integridad, uno de los proyectos clave del Plan Estratégico UC 2026-2030, no se construye solo con reglamentos, dijo el Secretario General de la Universidad, Juan Eduardo Ibáñez, frente a las más de 40 asistentes reunidas en la Sala del Honorable Consejo Superior. Lo fundamental, planteó, es lograr que todos sus miembros incorporen en su quehacer diario la capacidad de hacerse una pregunta: ¿Cómo hacer lo correcto?
Con el propósito de fortalecer una cultura institucional basada en la ética, la integridad y el cumplimiento normativo, la Dirección de Cumplimiento de la Secretaría General realizó una jornada de capacitación dirigida a las asistentes de la Dirección Superior, de las facultades y de algunas direcciones de la Universidad.
La actividad contó con la participación del secretario general y de la directora de Cumplimiento, Cristina Fernández, quienes destacaron la importancia del rol que desempeñan en el funcionamiento cotidiano de la institución y en la generación de ambientes de confianza, buen trato y responsabilidad.
Durante la jornada, Ibáñez valoró especialmente la labor de las asistentes, tanto por su apoyo a las autoridades como por el acceso que tienen a información y decisiones sensibles. En este contexto, enfatizó que la construcción de una cultura de probidad e integridad no ocurre de manera espontánea y requiere del compromiso de todos los integrantes de la comunidad. Asimismo, llamó a las participantes a mantener una actitud activa frente a situaciones que puedan generar dudas o riesgos y a sentirse con la confianza de advertir a sus jefaturas cuando consideren necesario revisar una determinada decisión o procedimiento.
Uno de los aspectos destacados fue el canal de denuncias recientemente implementado por la Dirección de Cumplimiento. Ibáñez explicó que este mecanismo permite realizar denuncias de manera anónima y que la información recibida es tratada bajo estrictos criterios de confidencialidad. Además, recordó que esta Dirección se encuentra disponible no solo para recibir denuncias, sino también para orientar y responder consultas frente a situaciones que puedan generar incertidumbre.
Ética como parte de la identidad institucional
La jornada se enmarca en el proyecto estratégico de construcción de una cultura transversal de ética e integridad, contemplado en el Plan Estratégico UC. En su intervención, Ibáñez subrayó que este desafío trasciende la existencia de reglamentos y procedimientos. “La cultura de ética e integridad no se construye con reglamentos. En parte sí, pero lo fundamental es la cultura”, planteó. Esta perspectiva, explicó, se relaciona también con la identidad católica de la institución y con el compromiso de poner a la dignidad de la persona en el centro.
“Siempre se habla de la excelencia académica, de la excelencia a nuestros alumnos. También hay que empezar a hablar de la excelencia profesional, de la excelencia administrativa” – Cristina Fernández, directora de Cumplimiento
Por su parte, Cristina Fernández detalló que el trabajo de la Dirección de Cumplimiento busca fomentar el respeto normativo, ético y regulatorio a través de tres ámbitos principales: prevención, detección y gestión de situaciones de riesgo. En este sentido, destacó que la prevención constituye el eje fundamental de la labor de la dirección.
La directora también relevó el impacto que un eventual incumplimiento puede tener sobre la reputación institucional. “Si nos equivocamos o hacemos algo indebido, aunque sea de buena fe o por error, podemos poner en riesgo la reputación de la universidad”, enfatizó.
Herramientas para prevenir
Parte importante de la capacitación estuvo dedicada a entregar conocimientos prácticos sobre la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y su evolución a partir de las modificaciones introducidas en 2024 por la Ley de Delitos Económicos. Fernández explicó que determinadas conductas cometidas por personas naturales pueden eventualmente generar responsabilidad para la institución, lo que refuerza la necesidad de contar con un modelo de cumplimiento robusto y eficaz.
Entre las materias abordadas estuvieron la corrupción entre particulares, el cohecho, el lavado de activos, la receptación, los delitos informáticos y la entrega de información falsa o adulterada.
En relación con los conflictos de interés, se destacó la importancia de declarar oportunamente aquellas situaciones que puedan involucrar vínculos familiares, económicos o de otra naturaleza con proveedores o personas relacionadas con procesos de contratación. El objetivo, precisó Fernández, no es impedir automáticamente la participación de personas que tengan algún vínculo, sino asegurar que la institución conozca esas relaciones y pueda tomar decisiones con toda la información disponible.
También se entregaron recomendaciones relacionadas con el uso de claves, el manejo de bases de datos y la protección de información sensible, especialmente aquella que involucra antecedentes personales y de niños, niñas y adolescentes.
Rol frente al lobby y la información confidencial
Otro de los contenidos centrales fue la Ley de Lobby y las situaciones en que corresponde registrar las gestiones realizadas ante autoridades públicas. Fernández explicó que esta normativa adquiere especial relevancia para una institución que mantiene vínculos permanentes con organismos del Estado, autoridades administrativas y representantes del Congreso.
Se revisaron ejemplos relacionados con permisos, proyectos de infraestructura, contratos con el Estado y discusiones legislativas, además de las situaciones que no constituyen lobby. También se abordó el uso de aplicaciones de mensajería en las comunicaciones institucionales. La recomendación de la Dirección de Cumplimiento es privilegiar canales formales y mantener la trazabilidad de las comunicaciones.
El resguardo de la información confidencial fue otro de los principales llamados realizados durante la jornada. Ibáñez recordó que, por la naturaleza de sus funciones, las asistentes tienen acceso a antecedentes sensibles relacionados con personas, proyectos y decisiones institucionales. “Todos tenemos deberes con la universidad y uno de esos deberes es el deber de reserva y de confidencialidad”, afirmó, enfatizando que esta responsabilidad forma parte de la confianza depositada en quienes desempeñan estos cargos.
La capacitación también permitió revisar las políticas internas sobre relacionamiento con funcionarios públicos, regalos y viajes, aprobadas por la Universidad. Fernández explicó que los regalos deben evaluarse considerando su naturaleza, contexto y valor, privilegiando aquellos de carácter simbólico o institucional. Asimismo, llamó a consultar previamente ante situaciones que puedan generar dudas, especialmente cuando se trate de obsequios de alto valor o de relaciones vinculadas con procesos sensibles.
Una responsabilidad compartida
Hacia el cierre de la jornada, Fernández invitó a las participantes a asumir un papel activo en la construcción de una cultura de integridad. “Para eso necesito que nos ayuden”, afirmó. El cumplimiento no depende exclusivamente de una unidad, sino del compromiso cotidiano de toda la comunidad universitaria, sostuvo la directora. “Siempre se habla de la excelencia académica, de la excelencia a nuestros alumnos. También hay que empezar a hablar de la excelencia profesional, de la excelencia administrativa, es decir, que marquemos la diferencia”, dijo.
En la misma línea, Ibáñez destacó que las asistentes pueden convertirse en importantes “habilitadoras” de esta cultura, al estar cerca de las decisiones, conocer los procedimientos y tener la posibilidad de levantar alertas oportunamente.
