Estudiar después de los 30 no debería ser motivo de exclusión

En Chile, el debate sobre educación superior no puede reducirse únicamente a cobertura, financiamiento o eficiencia fiscal. También debe hacerse cargo de una pregunta más profunda: quiénes logran sostener una trayectoria educativa continua y en qué condiciones. Esa pregunta se vuelve especialmente urgente cuando se instala la posibilidad de limitar la gratuidad a estudiantes menores de 30 años, dejando fuera a quienes acceden a este derecho en etapas más tardías de la vida.

A primera vista, una medida así puede presentarse como un ajuste razonable. Sin embargo, esa mirada desconoce un hecho central: las trayectorias educativas no son lineales ni se desarrollan en igualdad de condiciones. No todas las personas ingresan, permanecen y egresan en los tiempos ideales que el sistema supone. Para muchas mujeres, especialmente aquellas que han debido compatibilizar estudio con maternidad o responsabilidades de cuidado, la educación superior se vive de manera interrumpida, postergada o retomada más adelante. Establecer un límite etario no corrige desigualdades; las refuerza.

La contradicción es evidente. Hace poco se promulgó la ley “Yo Cuido, Yo Estudio”, que reconoce derechos para estudiantes embarazadas, madres, padres y personas cuidadoras en educación superior. Esa ley representa un avance importante porque reconoce que el cuidado incide directamente en la permanencia y continuidad académica. Es decir, el propio Estado comienza a aceptar que las trayectorias educativas están atravesadas por responsabilidades que no pueden seguir tratándose como asuntos privados.

Pero al mismo tiempo aparece la idea de restringir la gratuidad precisamente a quienes, por haber vivido trayectorias menos lineales, suelen llegar o volver a estudiar después de los 30 años. Allí emerge una incoherencia difícil de ignorar: se reconoce que existen obstáculos estructurales para estudiar, pero se penaliza a quienes los han experimentado con mayor intensidad.

Nuestra investigación sobre participación femenina en la economía informal en Chile refuerza esta preocupación. Los hallazgos muestran que la maternidad temprana, especialmente antes de los 20 años, se asocia a una mayor probabilidad de trayectorias laborales informales. Del mismo modo, asumir cuidados de personas enfermas o mayores en la adultez temprana también se relaciona con una inserción laboral más precaria. Esto importa porque muestra que las desigualdades no comienzan solo en el mercado laboral: muchas veces empiezan antes, en trayectorias educativas interrumpidas o postergadas por responsabilidades de cuidado.

Por eso, el debate no debería centrarse solo en cuántas personas quedarían fuera por un eventual límite etario, sino en qué trayectorias serían castigadas. Detrás de esa edad no hay solo un número. Hay historias de maternidad temprana, pausas obligadas, trabajos precarios, reingresos tardíos y esfuerzos por reconstruir proyectos formativos en contextos adversos.

Si Chile ha comenzado a reconocer que estudiar y cuidar son experiencias que muchas veces entran en tensión, el siguiente paso no puede ser cerrar oportunidades a quienes llegan más tarde. La justicia educativa no consiste solo en abrir la puerta de entrada, sino también en no cerrarla para quienes debieron postergar sus estudios porque antes estuvieron sosteniendo otras vidas además de la propia.