22 de Enero de 2026
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Así lo demuestra un estudio, liderado por el profesor UC Andrés Hojman, que analizó esta política pública, donde se ofrece representación legal intensiva e interdisciplinaria a niños que viven en residencias. La investigación también comprueba que se acelera la reunificación familiar o la adopción.
Por Pamela Riveros
En Chile hay más de 5 mil niños, niñas y adolescentes (NNA) que viven en residencias del Servicio Nacional de Protección Especializada, por haber sido vulnerados en sus derechos. Estos cuentan con asesoría legal a través de abogados que los representan jurídicamente con el fin de asegurar la protección de sus derechos. Sin embargo, muchas veces estos profesionales tienen cientos de otros casos asignados, lo que dificulta su labor.
En este contexto, el programa “Mi Abogado” —impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos— brinda representación legal intensiva a NNA que viven en estas residencias (ex Sename). El programa está diseñado para que reciban un apoyo integral, siendo acompañados por un equipo compuesto por un abogado, un psicólogo y un trabajador social.
Desde que comenzó a implementarse, en el año 2017, este programa ha atendido a más de 30 mil niños, niñas y adolescentes.
Un reciente estudio publicado en The American Economic Review evaluó este programa y detectó sus principales impactos: acelera la reunificación familiar, reduce en un 30 % los procesos penales en los que los menores aparecen como denunciados e incrementa su asistencia escolar. Los ahorros fiscales derivados de un menor uso de residencias duplican el costo de la intervención, y, al considerar los beneficios extra en términos de seguridad pública, el retorno social del programa resulta aún más elevado.
El estudio —Effects of Enhanced Legal Aid in Child Welfare: Evidence from a Randomized Trial of Mi Abogado— de Ryan Cooper, de la Universidad de Chicago, Joseph J. Doyle, del MIT Sloan y del BNER, y Andrés Hojman, de la UC, está basado en un diseño experimental aleatorizado, considerando en la muestra a niños que vivían en residencias.
El profesor Hojman explica que la carga de trabajo de los equipos dentro del programa está rigurosamente limitada. “Los abogados son el eje del programa, pero los diagnósticos y acompañamiento del psicólogo y el trabajador social parecen ser indispensables para entender y abordar las situaciones familiares que enfrentan estos niños”, señala.
El estudio también analiza la evolución de los efectos en el tiempo y muestra que los beneficios del programa tienden a aumentar con una mayor exposición, lo que sugiere que el enfoque de la iniciativa de permanecer con el caso hasta su egreso es correcto.
Políticas públicas más efectivas y con mejor retorno
Uno de los aspectos más destacados del programa es la alta rentabilidad social y fiscal. El programa aumentó los costos de asistencia legal en alrededor de $200 dólares por niño en el periodo de observación de casi dos años, debido a una mayor participación en el programa y una menor asignación a abogados externos.
Pero, paralelamente, el programa permitió al exSename ahorrar cerca de $1.000 dólares por niño, debido a una baja en el uso de residencias y una pequeña alza en el uso de familias de acogida. Si bien los ahorros directos benefician al sistema de protección, el impacto social del programa es aún mayor. La investigación considera una medida del ahorro social asociado con la reducción en las denuncias de delitos. Al considerar la reducción delictual, los beneficios netos totales ascienden a $4.135 dólares por niño en el período estudiado.
“El estudio entrega evidencia directa que invertir en un programa de alta calidad y relativamente alto costo por niño es una buena inversión para el país. A eso hay que agregar beneficios sustantivos para los niños y un ahorro en criminalidad que tiene unas tremendas implicancias para la sociedad. Estos hallazgos refuerzan la urgencia de avanzar en políticas públicas de calidad enfocadas en la infancia más vulnerable en Chile” .- Andrés Hojman, académico Escuela de Gobierno UC.
“El estudio entrega evidencia directa que invertir en un programa de alta calidad y relativamente alto costo por niño es una buena inversión para el país. Incluso si el criterio fuera tan estrecho como el retorno fiscal de corto plazo, el programa sería una buena inversión. A eso hay que agregar beneficios sustantivos para los niños, y un ahorro en criminalidad que tiene unas tremendas implicancias para la sociedad. Estos hallazgos refuerzan la urgencia de avanzar en políticas públicas de calidad enfocadas en la infancia más vulnerable en Chile”, señala el profesor de la Escuela de Gobierno UC.
Andrés Hojman ha dedicado su investigación a evaluar el impacto de políticas públicas para la infancia, especialmente en educación parvularia y protección de niños en residencias.
