16 de Octubre de 2026
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Un análisis del CEVE UC e ILC muestra que el 98% de los recursos públicos destinados a este segmento etario se concentra en cuatro áreas, en desmedro de otras que cobran relevancia en el escenario demográfico actual, como trabajo, aprendizaje continuo, participación y acceso tecnológico.
Por Equipo Visión Universitaria
Chile atraviesa una transición demográfica inédita. La esperanza de vida al nacer subió de 74,6 años en 1992 a 81,8 años en 2026, proyectándose en 88,4 años hacia 2070. Junto a una fecundidad de 0,99 hijos por mujer en 2025, el grupo de 60 años o más pasó de representar menos del 10% a más del 20% de la población entre 1992 y 2026, y se acercará a un tercio hacia 2050.
Mientras que a países como España o Alemania pasar del 14% al 21% de población mayor les tomó más de 45 años, en Chile esto ocurrirá en apenas 17 años (2010-2027).
Sin embargo, la respuesta del Estado muestra una severa asimetría, según advierte el informe “Longevidad en Chile: Brechas y oportunidades para una acción intersectorial en políticas públicas”, elaborado por el Centro UC de Estudios de Vejez y Envejecimiento (CEVE UC) e ILC.
Tras evaluar 814 iniciativas estatales y consolidar 53 unidades analíticas en nueve dimensiones de bienestar, el estudio evidencia un desarrollo desigual en la oferta pública.
Inequidad en la distribución del gasto público
Al examinar los recursos presupuestarios asignados a estas 53 unidades —que suman $13.835 miles de millones de pesos a 2026—, la brecha resulta aún más drástica. Dos instrumentos pilares, la Pensión Garantizada Universal (PGU) y las Garantías Explícitas en Salud (GES) absorben conjuntamente el 54,7% de todo el gasto estatal identificado.
El desglose del presupuesto por dimensiones deja al descubierto la postergación de áreas críticas:
- Seguridad económica: Concentra el 57,0% del gasto público.
- Salud y funcionalidad: Absorbe el 23,9% del presupuesto.
- Entorno y vivienda: Captura el 17,7% de las partidas.
- Dependencia, apoyos y cuidados: Pese a contar con el 18,9% de las iniciativas, recibe solo el 0,92% del presupuesto público.
- Participación y ciudadanía: Obtiene un marginal 0,34%.
- Educación y aprendizaje continuo: Se queda con el 0,08%.
- Protección de derechos: Captura apenas el 0,02%.
- Trabajo y participación económica: Registra un insignificante 0,01%.
- Inclusión digital y acceso tecnológico: 0,00% de los recursos.
Respuesta reactiva y trabas digitales
Paradójicamente, 12 de las 13 iniciativas que requieren postulación exigen realizar trámites mediante canales digitales, a pesar de que el Estado no cuenta con ningún programa de alfabetización o inclusión digital mapeado para personas mayores.
Frente a la próxima implementación de la Ley Integral de Personas Mayores (Ley N.º 21.822), el informe concluye que el desafío urgente consiste en reconfigurar esta arquitectura asimétrica hacia un sistema preventivo, integral y verdaderamente articulado.
