30 de Octubre de 2025
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El debate sobre el fenómeno “publish or perish” se ha extendido desde las universidades más competitivas del mundo hasta la realidad chilena, generando incentivos perversos que amenazan el sentido público del conocimiento. Académicos llaman a repensar el sistema y avanzar hacia una investigación más ética, abierta y sostenible.
Por Virginia Soto-Aguilar
Un debate que recorre las universidades del mundo ha llegado con fuerza a Chile: ¿cómo asegurar que la investigación siga siendo un bien público en un sistema que premia la cantidad por sobre la calidad? El modelo conocido como publica o muere (o “publish or perish”, en su versión en inglés) incentiva a los académicos a producir más artículos para acceder a financiamiento o ascensos, lo que ha desencadenado una crisis de confianza en la ciencia, marcada por la proliferación de estudios irrelevantes, revistas de baja rigurosidad y prácticas que priorizan las métricas por encima del valor social del conocimiento.
En Chile, la discusión tomó impulso en los medios tras una carta publicada el 19 de octubre en El Mercurio, firmada por los profesores Miguel Kiwi y Francisco Muñoz, de la Universidad de Chile, quienes advirtieron: “Hemos llegado al extremo de académicos que publican el equivalente a un artículo cada pocos días, y que son de aporte nulo (…). La ciencia requiere de esfuerzo y tiempo de reflexión, incompatibles con cientos de publicaciones cada año”.
Desde la Pontificia Universidad Católica, la vicerrectora de Investigación y Postgrado, María Angélica Fellenberg, coincide en que el debate es urgente. “Las métricas que premian el volumen de publicaciones por sobre su valor e impacto social tensionan hoy la confianza ciudadana en la academia”, afirma, y advierte que “la irrupción de la inteligencia artificial en la investigación amenaza con profundizar estas y otras distorsiones”.
Por este motivo, Fellenberg cree que la respuesta debe venir de un cambio cultural y ético, como la “ciencia abierta”, enfoque que considera el proceso de investigación como un trabajo colaborativo abierto.
La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) cuenta con una política pública en esta materia y, justamente, lo que busca es entregar acceso abierto a las publicaciones originadas de proyectos de investigación financiados con recursos públicos. De esta manera, se busca asegurar la disponibilidad del conocimiento científico, permitir la trazabilidad -y replicabilidad- de los resultados y promover el uso del nuevo conocimiento por parte de la comunidad académica, el Estado, la industria o incluso la ciudadanía en general. En síntesis, su objetivo es fortalecer tanto la excelencia de la investigación, como la confianza de la sociedad en ésta.
“Ante la presión de ‘publicar o morir’ y la avalancha de artículos de baja calidad, la ciencia abierta propone compartir datos, métodos y resultados para hacer la ciencia más accesible, eficiente y transparente”. La autoridad UC destaca que la universidad ha adherido a estándares internacionales que promueven la evaluación responsable del conocimiento, como las iniciativas DORA, COARA y los proyectos InES Ciencia Abierta impulsados por ANID.
“La sostenibilidad de la ciencia no se juega en la cantidad de publicaciones, sino en su capacidad de generar bienestar, confianza y sentido público”, enfatiza Fellenberg.
“Ante la presión de ‘publicar o morir’ y la avalancha de artículos de baja calidad, la ciencia abierta propone compartir datos, métodos y resultados para hacer la ciencia más accesible, eficiente y transparente” – vicerrectora de Investigación y Postgrado UC, María Angélica Fellenberg.
La ética como base de la confianza
El director del Instituto de Éticas Aplicadas UC, Juan Larraín, complementa la reflexión desde una mirada moral en una carta publicada en El Mercurio: “La ciencia es uno de los pilares de la democracia. Sin buena ciencia, la democracia se debilita”. A su juicio, la pérdida de confianza en la investigación tiene consecuencias que trascienden el ámbito académico.
“Hoy, la ciencia está amenazada. Desde fuera, por el negacionismo científico (…), y desde las propias comunidades, por fraudes, faltas a la ética y posturas reduccionistas”, señala. Esta combinación, afirma, “refleja la pérdida de confianza de la sociedad y exige una respuesta institucional basada en valores”.
Para Larraín, proteger la ciencia implica “desarrollar una comunidad científica que practique las virtudes intelectuales y rinda cuentas al bien común”. “Una ciencia amenazada, que carece de la confianza del cuerpo social, debilita uno de los pilares de la democracia y la pone en riesgo”, advierte.
“Es necesario proteger la ciencia, entendiendo qué es y cuánto confiar en ella (…), y desarrollando una ciencia ética y basada en valores” – Juan Larraín, director Instituto de Éticas Aplicadas
