15 de Diciembre de 2025
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Un equipo de investigadores, compuesto por expertos en economía, derecho y políticas públicas, realizaron una estimación precisa de cuánto debería recibir cada niño, niña o adolescente al mes, dependiendo de su edad, género y quintil de ingresos de su hogar. Plantean, además, que el Estado debe ser el responsable de garantizar que se cumpla este derecho.
Por Carmen Vergara
En Chile, ambos padres tienen el deber de mantener a sus hijos e hijas. En caso de que vivan separados, el progenitor que no tiene el cuidado personal del menor, debe aportar a su mantención a través de la pensión de alimentos. Este es un aporte económico mensual obligatorio que se entrega para cubrir las necesidades básicas -como alimentación, vivienda, salud, educación, etc.- de los hijos menores de edad o mayores que aún estén estudiando.
El monto de la pensión de alimentos la determina un Juez de Familia o se fija mediante un acuerdo aprobado por el tribunal, basándose en las necesitades del hijo o hija y la capacidad económica de ambos padres, entre otras consideraciones.
En la actualidad, el monto mínimo de la pensión de alimentos equivale al 40% de un ingreso mínimo cuando se trata de un solo hijo (unos $211 mil), y al 30% de un ingreso mínimo para cada hijo (unos $158 mil), si se tiene más de uno.
El problema no es solo que muchos padres no cumplen con su responsabilidad; sino también que la pensión que se paga es insuficiente para cubrir siquiera las necesidades mínimas de los menores. En un país donde la pobreza afecta de manera desproporcionada a los más jóvenes, este déficit se convierte en un obstáculo más en el camino hacia una vida digna.
Una pensión alimenticia basada en datos reales
En medio de las crecientes vulnerabilidades que afectan a niños, niñas y adolescentes (NNA), un grupo de académicos de la Universidad Católica -compuesto por expertos en economía, derecho y políticas públicas- presentó una propuesta de pensión alimenticia mínima para todos los NNA del país. Esto en el marco del Concurso de Políticas Públicas 2025, que organiza anualmente el Centro de Políticas Públicas UC.
El equipo -integrado por Carolina Salinas, directora de Centro UC de la Familia y profesora de la Facultad de Derecho UC; Leonardo Hernández, director alterno de CLAPES UC y profesor de la Escuela de Administración UC; Alejandra Retamal, coordinadora de Investigación del Centro UC de la Familia; y Anja Uslar, investigadora de CLAPES UC- realizó un análisis exhaustivo sobre el cálculo de las necesidades básicas que deben cubrirse para garantizar el adecuado desarrollo de los NNA, desde su alimentación hasta su acceso a educación, vivienda, salud y vestuario.
Los investigadores fueron más allá del análisis teórico. Utilizando datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), la CASEN 2022 y los registros judiciales, calcularon cuánto dinero necesita cada niño, niña o adolescente para vivir dignamente. La propuesta establece un monto mínimo que, según la investigación, cubre lo básico para el desarrollo integral de los menores, y asegura que esta pensión se ajuste a las necesidades reales de los NNA, tomando en cuenta el contexto familiar y social en el que viven.
El modelo propuesto es muy detallado. Para calcular las pensiones alimenticias mínimas, los académicos tomaron en cuenta las calorías necesarias por cada grupo etario y de género, para luego determinar cuánto dinero se necesita para satisfacer estas necesidades básicas. La investigación ofrece una estimación precisa de cuánto debería recibir cada niño, niña o adolescente al mes, dependiendo de su edad, género y quintil de ingresos de su hogar.
Por ejemplo, para un niño de 1 a 4 años, el monto necesario varía entre $254.953 y $422.913 mensuales, dependiendo de si su familia pertenece al primer o al quinto quintil de ingresos. Para un adolescente hombre entre 15 y 18 años, las cifras suben significativamente, oscilando entre $524.955 y $895.594. Y aunque estos números puedan parecer elevados, son solo una fracción de lo que realmente se necesita para garantizar un nivel de vida adecuado para los NNA.
Una inversión para el futuro
Este estudio, respaldado por la Universidad Católica, no solo presenta una propuesta de monto, sino que también plantea que el Estado cubra el no pago de las pensiones de alimentos, y luego asuma la tarea de cobranza hacia los alimentantes que no paguen lo debido, de modo que esta pensión esté garantizada.
Esto es relevante si se considera que -pese a las nuevas leyes que incentivan que esto se cumpla- más de 282.000 familias aún sufren la falta de pago de pensiones alimenticias, un derecho fundamental que debería garantizar la supervivencia de los niños, niñas y adolescentes.
En esa línea, el estudio lanza un llamado urgente al Estado chileno para que se haga responsable de garantizar un futuro digno para todos los NNA. En un momento en que las brechas de desigualdad siguen creciendo, la propuesta de una pensión alimenticia mínima garantizada es una medida de justicia social que, si se implementa, podría cambiar la vida de miles de niños y adolescentes en Chile.
Según el estudio, el costo para el Estado podría ascender a cerca de $1.430 millones de dólares anuales si la pensión se garantiza hasta los 18 años, lo que representa aproximadamente un 0,45% del PIB. Aunque el costo puede parecer significativo, los académicos destacan que la inversión en la infancia es una inversión a largo plazo en el bienestar de la sociedad.
Este análisis se realizó gracias a la colaboración de académicos de distintas disciplinas, quienes aportaron su experiencia y conocimiento para crear una propuesta integral. La participación de expertos en economía permitió el cálculo preciso de las necesidades alimentarias y no alimentarias, mientras que los especialistas en derecho y políticas públicas fueron clave para garantizar que la propuesta esté alineada con los marcos legales y con la realidad social y judicial del país.
“La investigación interdisciplinaria es vital para encontrar soluciones a problemas complejos, en particular cuando parece necesario ordenar las urgencias del Estado”, señala Carolina Salinas, directora del Centro UC de la Familia. “En este caso, priorizar la sobrevivencia y el desarrollo digno de los niños dentro de las preocupaciones estatales es una señal importante que se les da a las familias mostrándoles que no estarán solas en la tarea de criar y satisfacer las necesidades de los más pequeños”.
Este es solo el comienzo de un camino hacia la equidad. La investigación y las políticas públicas basadas en datos reales y en las necesidades urgentes de la población deben ser el motor para enfrentar los desafíos sociales de hoy. Solo así, con el compromiso del Estado y el trabajo de académicos y especialistas, se podrá garantizar que todos los niños y niñas de Chile tengan la oportunidad de crecer, aprender y prosperar.
