Reconstruyendo el sueño de la casa propia

La vivienda es más que un bien económico. Como plantea Katie Wells, es una “infraestructura del yo”: el espacio que resguarda nuestra intimidad y sostiene el “yo no-público”. Habitar dignamente implica controlar el entorno inmediato y retirarse de la mirada ajena; sin esa privacidad, la autonomía se erosiona y el ejercicio de la ciudadanía se vuelve frágil.

Desde aquí surge una pregunta ética: si el mercado ya no garantiza acceso universal a la propiedad, tal vez la sociedad –por justicia– debe disociar la dignidad del habitar de la titularidad del activo. El desafío no es volver a prometer propiedad, sino asegurar vivienda como base material de la autonomía, desanclándola de su función especulativa.

Este problema refleja una dimensión de justicia distributiva vinculada a la desigualdad intergeneracional. La crisis habitacional permite que los beneficios urbanos se concentren en quienes cuentan con herencias o apoyo familiar, rompiendo la promesa meritocrática: hoy el acceso depende menos del esfuerzo que de la suerte de poseer patrimonio. No es falta de esfuerzo individual, sino distribución injusta de oportunidades.

Más allá de lo económico, la vivienda sostiene la integridad psíquica y social. Su valor radica en permitir la existencia del “yo no-público”. Quien carece de un lugar para reorganizarse y bajar la guardia ve afectada su autonomía y su vida comunitaria. Si el mercado niega esa posibilidad a la mayoría, falla no solo en proveer techos: limita la participación pública.

Si aceptamos que la propiedad será inalcanzable para muchos, debemos garantizar la “seguridad de ocupación” (Halliday y Meyer 2024): que el arriendo, cooperativas, u otras formas de residencia ofrezcan protección frente a la incertidumbre. La inestabilidad erosiona la agencia moral: quien vive bajo amenaza de desalojo o alzas arbitrarias opera en modo supervivencia, sin espacio para planes de vida.

Esta dificultad de proyectarse afecta cualquier transición hacia la sustentabilidad. Pensar en generaciones futuras requiere una ciudadanía capaz de mirar más allá de lo inmediato; pero si muchos perciben su futuro habitacional como precario, exigir compromisos a largo plazo se vuelve éticamente y políticamente inviable.

El desafío ético consiste en pactar otro horizonte: que el “sueño de la casa propia” no sea un título de propiedad, sino la garantía universal de un habitar estable, refugio inviolable para la autonomía. Solo con estabilidad presente podremos habilitar responsabilidad hacia el futuro.