La vivienda y el derrumbe de las expectativas en Chile

En un país donde la vivienda ha sido históricamente el cimiento material y simbólico del progreso familiar, el derrumbe en las expectativas de acceso constituye una transformación que vale la pena atender. Según la Encuesta Bicentenario UC, entre 2009 y 2025 la proporción de chilenos que cree que “cualquier trabajador puede comprar su propia vivienda” cayó del 55% al 17%. Y aunque esta percepción forma parte de un declive más amplio en expectativas personales –como la posibilidad de iniciar un negocio o convertir un emprendimiento en una empresa grande–, la casa propia es el ámbito donde la caída ha sido más brusca.

Las percepciones sobre el acceso a la vivienda tienen correlato en distintos indicadores. La evidencia muestra que Chile vive una crisis habitacional marcada por un desajuste creciente entre oferta y demanda. Según Déficit Cero, los permisos de edificación se redujeron casi a la mitad entre 2006 y 2023, mientras la formación de nuevos hogares pasó de 46.000 al año en 2002 a 114.000 en 2018.

El resultado es un mercado presionado, con precios que crecen tres veces más rápido que los ingresos y un déficit que supera las 550 mil viviendas, según la Casen 2022. Pero el indicador más elocuente proviene de un estudio de Déficit Cero, IEUT UC y Cedeus: 1,5 millones de hogares viven alguna forma de precariedad habitacional –arriendos difíciles de sostener, informalidad, deterioro material o hacinamiento–, una situación que afecta la cohesión social y la relación de las personas con su ciudad.

De cara al próximo ciclo presidencial, una mesa de trabajo con académicos y expertos, convocada desde el Centro de Políticas Públicas UC en alianza con Déficit Cero, propone avanzar hacia un sistema integrado de acceso, donde la política habitacional deje de operar como instrumentos desconectados y funcione como un continuo que articule arriendo, propiedad, ahorro y movilidad. También plantea fortalecer una política de arriendo asequible; crear un sistema robusto de gestión de suelo; activar la construcción industrializada; y declarar Zonas de Emergencia Habitacional para acelerar proyectos donde más se necesitan.

Las nuevas políticas habitacionales deben adaptarse a los cambios que han transformado la morfología de los hogares chilenos en las últimas décadas: más hogares unipersonales, envejecimiento, menor natalidad y dinámicas migratorias, entre otros.

El próximo gobierno tendrá el desafío crucial de abordar la crisis habitacional y el declive de expectativas que la acompaña. Urge reducir el déficit y destrabar programas, pero también recuperar la idea de que la vivienda puede volver a ser un proyecto alcanzable, no un privilegio remoto.