La vivienda como desafío estructural

La crisis habitacional es hoy uno de los problemas más graves y estructurales del país. Según el Censo 2024, 490 mil hogares no tienen acceso a una vivienda, habitando en condiciones de precariedad, allegamiento o informalidad. A ellos se suman 1,1 millones de hogares en demanda social crítica (CEDEUS UC – Déficit Cero, 2024), atrapados entre arriendos impagables, hacinamiento o tenencia insegura. Si incorporamos los 1,3 millones de hogares que viven en viviendas con altos déficits de calidad constructiva y urbana (CASEN, 2022), el panorama es crítico: más del 40% de los hogares enfrenta alguna forma de exclusión al derecho a una vivienda adecuada.

Esta magnitud no solo revela una crisis de acceso, sino un deterioro de las condiciones de vida y del pacto social. La vivienda es un determinante de la salud, la educación, la movilidad laboral, la participación social y la seguridad cotidiana. Cuando falla, fallan las trayectorias familiares, se erosiona la confianza en las instituciones y se rompe la promesa de que el esfuerzo permite una vida mejor. Por ello, esta crisis no es sectorial: es un problema país que condiciona nuestro desarrollo y convivencia.

Las raíces son acumulativas. En la última década, los precios han crecido muy por encima de los ingresos; la producción pública y privada ha caído, afectada por costos crecientes, restricciones de financiamiento, escasez de suelo asequible y una institucionalidad fragmentada que dificulta coordinar planificación, normativa e inversión. El sistema habitacional vigente, concebido para una realidad de hace tres décadas, permanece anclado en programas rígidos que segmentan a la población y privilegian la propiedad, sin responder a la diversidad actual de trayectorias y formas de hogar. Paralelamente, la informalidad se ha expandido con rapidez: los campamentos pasaron de menos de 50 mil hogares en 2019 a más de 120 mil en 2025 (TECHO Chile, 2025).

Superar esta crisis requiere transformaciones estructurales. En un documento reciente propusimos un giro con 15 medidas (Centro de Políticas Públicas UC – Déficit Cero, 2025), entre las que destacan: un sistema flexible de acceso subsidiado que combine propiedad, arriendo y modelos mixtos según las necesidades de cada hogar; el desarrollo de un mercado de arriendo asequible con gestión público-privada; la adecuación de normas urbanísticas para permitir densificación con integración social; la regeneración urbana masiva en zonas críticas; un sistema moderno de gestión de suelo público; la creación de fideicomisos comunitarios para vivienda asequible; y la ampliación de la microdensificación en barrios consolidados.

En este contexto, las universidades tienen un rol insustituible. Son las instituciones con mayor confianza pública y con capacidad de investigación aplicada, innovación, formación y articulación nacional. Pueden –y deben– liderar la elaboración de políticas basadas en evidencia, el desarrollo de nuevas soluciones constructivas y la evaluación independiente de resultados. Por ello, especialmente la UC, debe asumir un liderazgo frente a esta urgencia impostergable.