La contribución técnica que realizó la UC en la elaboración de la nueva Ley Integral de Personas Mayores

El pasado 5 de enero se aprobó en el Congreso la ley que promueve “el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores, y el fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor”, también conocida como Ley Integral de Personas Mayores, que se venía tramitando desde 2020.

Muchas personas y asociaciones vinculadas a este tema celebraron la noticia. Sara Caro, académica de la Escuela de Trabajo Social UC y miembro del Centro UC Estudios de Vejez y Envejecimiento (CEVE), piensa que la norma ayudará “a generar las condiciones necesarias para la garantía de los derechos de las personas mayores”.

“Lo que más quisiera destacar es el hito que representa para nuestro país, en materia de políticas públicas en envejecimiento, el proponer una política a diez años, lo que nos permitirá planificar estratégicamente cómo ir abordando los desafíos en torno a esta temática”, agrega.

La UC fue parte de la tramitación de esta ley, participando en su discusión e incidiendo desde una perspectiva técnica en conjunto a otras organizaciones de la sociedad civil y la academia. “Contribuimos desde la mirada técnica, aportando con datos e insumos para la construcción de minutas. Esto se suma a la labor que realizamos en conjunto a la red Voces Mayores, con quienes estuvimos atentos al proceso legislativo y al texto final, que debiese ser promulgado próximamente”, explicó Macarena Rojas, directora ejecutiva de CEVE UC.

Propuestas concretas con validación técnica

Desde Conecta Mayor UC destacan que en distintos trámites constitucionales “entregamos propuestas concretas de indicaciones y participamos en diversas instancias de diálogo, como audiencias en comisiones del Congreso y reuniones con asesores parlamentarios y representantes de SENAMA y del Ministerio de Desarrollo Social y Familia”.

Destacan que “nuestras indicaciones propuestas sobre progresividad y no regresión de derechos, integración intergeneracional y derecho a la conectividad fueron aprobadas, al igual que el proyecto en general, unánimemente“.

Por esta activa participación, el Senado envió una carta de reconocimiento a la institución. En esta, se lee que se entrega esta distinción por el compromiso, “experiencia, vocación de servicio público y contribución significativa en la discusión, perfeccionamiento y aprobación de la ‘Ley de Envejecimiento Positivo’”.

En ese sentido, la carta -firmada, entre otros, por el presidente del Senado, Manuel José Ossandón- destaca los aportes valiosos de la UC “para construir una legislación que promueve la dignidad, autonomía, participación y mejor calidad de vida para las personas mayores de nuestro país”.

Tarea pendiente

Esta nueva regulación contiene una serie de derechos asegurados para las personas mayores, tales como el derecho a la educación a lo largo de la vida, el derecho a la participación e integración comunitaria, derecho a la salud y a manifestar su consentimiento libre e informado, entre otros.

Gran parte de estos derechos son parte de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por Chile en 2017.

No obstante, siguen existiendo desafíos en el camino. “No tiene tantas nuevas medidas concretas porque no tiene presupuesto. El paso siguiente de esta ley debería ser trabajar en un reglamento, y en políticas o medidas concretas, para que efectivamente haga la diferencia”, señala Macarena Rojas.

Pese a ello, destaca que “esta ley genera un nuevo cambio de enfoque. Eso es algo que es bien importante, y que va a tener implicancias tanto para el Estado como para el sector privado, por ejemplo, en el tema de la no discriminación de personas mayores por edad. Efectivamente, de estos 15 derechos que se explicitan en relación con la participación, los cuidados, la autonomía”.